La Constitución es una amplia carta para el ejercicio del gobierno. Establece los órganos del Gobierno nacional y los limita en su ejercicio del poder. La Constitución se expresa en términos amplios en su mayor parte, y durante los pasados varios cientos de años, muchos principios han sido desarrollados para darles un contenido específico a esas expresiones generales. Algunos de esos principios, como aquel que requiere la separación de poderes, son inferidos a partir de la estructura general de la Constitución. Otros, como es el caso del principio de no discriminación o (su alternativa) el de no subordinación, se encuentran enraizados en alguna provisión específica, como la de igualdad ante la ley, y tienen como propósito extender el contenido de tales cláusulas. Se supone que ambos tipos de principio deben guiar a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones e inclusive que, de ser necesario, el Poder Judicial debe obligar a dichos oficiales a respetarlos. Estos principios son tan parte de la Constitución como las palabras en el documento original, aunque se presenten ante nosotros como interpretaciones de aquellas palabras y que, por ende, puedan ser criticadas y–de ser preciso– reformuladas de una manera en que las frases del documento original no pueden serlo, salvo en caso de enmienda.

Hoje em dia, não apenas a palavra globalização virou lugar-comum como também esta constatação trivializou-se nos meios acadêmicos e na mídia. Isso, contudo, não nos exime de ao falar do tema da globalização, regulação e direito do consumidor definir tal conceito. Para os propósitos deste artigo poder-se-ia definir provi¬sória e preliminarmente globalização como um processo de natu¬reza econômica e política marcado pelas seguintes características: a) ampliação do comércio internacional e formação de um mer¬cado global assentado numa estrutura de produção pós-fordista (ou pós-industrial); b) homogeneização de padrões culturais e de consumo; c) enfraquecimento da idéia de Estado-nação em benefí-cio dos agentes econômicos do novo mercado global; d) formação de blocos comerciais.

Este trabajo busca aproximarse desde la perspectiva de las ciencias sociales a la judicialización de la disputa sobre los derechos sexuales y reproductivos. Por considerarlo un caso paradigmático del conflicto en torno de estos derechos este artículo se centrará en el análisis de las características que han tenido los procesos de judicialización del aborto en México (en 2000- 2002 y 2007-2008) y en Colombia (2005-2006). Cuando la cuestión del aborto se traduce jurídicamente, en su legalización o no legalización, despenalización - no despenalización, con todo lo que ello implica en términos de criminalización y de políticas de salud pública en general y de salud sexual y reproductiva en particular, no cabe duda que la disputa va más allá de lo legal o lo ilegal y se vincula con la manera en que se concibe el orden social adecuado, la propiedad sobre el cuerpo, la relación entre lo público y lo privado, la fe y la razón, la laicidad o no laicidad del estado y sobre todo la sexualidad, la reproducción y la muerte (Klein, 2005). Sin embargo, no puede soslayarse que cuando la disputa sobre el aborto pasa de la discusión moral o de diseño e implementación de políticas públicas al ámbito judicial, tiene lugar fundamentalmente la delegación de la resolución de esa disputa en el poder judicial. Éste decidirá a favor o en contra de una determinada medida legislativa, a partir de razones determinadas.

Sostengo que el derecho a decidir está consagrado textualmente en la Constitución Mexicana. El artículo 4º constitucional, en su párrafo segundo establece que: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.” Es difícil imaginar un texto constitucional que consagre el derecho a decidir en forma más explícita. En contraste con lo que sucede en otros países, en que las instancias de interpretación constitucional han determinado que el derecho a decidir se encuentra implícitamente consagrado en el texto constitucional, al interprete constitucional mexicano le bastaría una interpretación estrictamente textualista para concluir que, en México, a las mujeres les asiste el derecho fundamental a decidir sobre la continuación o interrupción de sus propios embarazos.

Un factor importante en las transformaciones en materia de sexualidad en la sociedad contemporánea ha sido, sin duda, las posibilidades de contracepción creadas en la segunda mitad del siglo XX.[1] Ellas promovieron una disociación entre sexo y reproducción, abriendo nuevos espacios para el placer sexual en la vida de las personas, desconectados de las preocupaciones sobre consecuencias reproductivas y familiares. “Este cambio condujo a la posibilidad de ver las relaciones homosexuales en nuevas formas, las cuales habían sido estigmatizadas, parcialmente debido a su infertilidad. Si las relaciones heterosexuales en sí mismas –esto es, sin la finalidad de la reproducción– ganaban nueva aceptación, ¿porqué no las relaciones entre personas del mismo sexo?[2] [1] “La sexualidad plástica es una sexualidad descentrada, libre de las necesidades reproductivas. Se origina en la tendencia, que empezó a fines del siglo XVIII, a la limitación de la familia, pero se desarrolla posteriormente como el resultado de la difusión de nuevas tecnologías anticonceptivas”. GIDDENS, Anthony. A transformação da intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas sociedades modernas. São Paulo: Unesp, 1993, p. 10. [2] LOPES, José Reinaldo de Lima.Liberdade e direitos sexuais – o problema a partir da moral moderna. In RIOS, Roger Raupp. Em defesa dos direitos sexuais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 56.

Considerar a la Iglesia Católica un actor central en la construcción legal del sexo y la sexualidad en América Latina podría parecer un anacronismo dados los recientes escándalos en que se ha visto involucrada, [1] la introducción de cláusulas estableciendo la separación de la Iglesia y el Estado en las constituciones latinoamericanas y las quejas de la Iglesia misma en torno a cómo ha perdido influencia y capacidad de inspirar devociones entre los latinoamericanos. No obstante, quienes han estado involucrados en la reforma de reglas sobre derechos sexuales y reproductivos en la región y un número considerable de académicos que han estudiado estas reformas, coinciden en señalar que la Iglesia Católica ha sido el mayor obstáculo para el logro de una mayor equidad sexual. [2] [1] La Iglesia Católica se ha visto involucrada en dos grandes escándalos en la última década. En 2002, y todavía hoy, fue acusada y considerada responsable por los daños causados a personas abusadas sexualmente por sacerdotes en casos en los que las autoridades eclesiásticas conocieron de los hechos y no castigaron apropiadamente a los sacerdotes en cuestión. El escándalo de abuso sexual en los Estados Unidos inició en febrero de 2002 en Massachusets con un titular del Boston Globe acusando a las autoridades eclesiásticas de no investigar y castigar los actos de abuso sexual por sacerdotes. Véase: http://www.boston.com/globe/spotlight/abuse/overview/ ). La Iglesia Católica no sólo ha tenido que pagar millones de dólares a título de perjuicios sino que aprobó una política de cero tolerancia en la reunión de la Conferencia Episcopal en Dallas 2002. El reporte más completo del abuso sexual por sacerdotes en los Estados Unidos, conocido como el Jonh Jay report, puede descargarse de la página web de la Conferencia Episcopal: http://www.bishop-accountability.org/reports/2004_02_27_JohnJay/. Un reporte sobre el caso de la región de Fern en Irlanda se ha vuelto famoso bajo el nombre de Fern Report. Puede descargarse en: http://www.bishop-accountability.org/ferns/. En 2009, por otra parte, una cantidad considerable de católicos se pronunciaron contra la decision del Vaticano de suspender la excomunión de los cuatro obispos Lefrebvistas, incluyendo a Richard Williamson, quien es conocido por negar el holocausto. En respuesta a esto el Papa Benedicto XVI tuvo que escribir una carta a los Obispos de la Iglesia Católica explicando su decisión. La carta se puede conseguir en: http://media.npr.org/documents/2009/mar/pope.pdf. El hecho de que el Papa hubiese tenido que escribir esta carta ha sido interpretado como un signo de la fragmentación al interior de la Iglesia Católica y del aislamiento del Papa mismo. Véase http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=101789591. Véase también Juan Camilo Maldonado, “El timonel de Benedicto” en El Espectador, febrero 6 de 2009 (explicando cómo el cardenal colombiano Darío Castrillón terminó siendo responsable y castigado por la decisión del Papa) ; “El Papa condena de nuevo el Holocausto y anuncia que viajará a Tierra Santa” en Espectador, febrero 12 de 2009; “El Papa explica por qué anuló la excomunión del obispo que niega el holocausto” en El Clarín, marzo 11 de 2009 (señalando que el Papa estaba dolido por la vehemencia de las acusaciones formuladas en su contra a raíz de este incidente); “Alemanes se suman a críticas contra Benedicto XVI” en La República, febrero 4 de 2009; “Merkel critica a Benedicto XVI por caso de obispo Lefrebvista” en El Mercurio, febrero 4 de 2009, entre muchos otros. [2] En este sentido, Diego Freedman apunta: “la defensa del liberalismo asegura un poder político neutral en donde las mujeres no vean condicionada su libertad individual por mandatos propios de doctrinas religiosas.” Diego Freedman, “Estado laico o Estado liberal” en La Trampa de la Moral Única, Campaña por la Convención de los Derechos Sexuales y Reproductivos, Campaña por el 28 de setiembre y Tu Boca es Fundamental contra los Fundamentalismos, 2005, pp. 36-55. Véase también Juan Marco Vaggione: “La iglesia, sin lugar a dudas, constituye el mayor obstáculo a la liberalización del género y la sexualidad en América Latina” Juan Marco Vaggione, “Entre Disidentes y Reactivos: Desandando las fronteras entre lo Secular y lo Religioso” in ibid, pp. 57-75. Julieta Lemaitre en una versión previa del ensayo que presenta en este evento también ha argumentado que la Iglesia Católica ha intervenido en los procesos políticos sobre derechos sexuales y reproductivos en muchos países de la región y pregunta: “¿Cómo debemos reaccionar ante la evidente intervención de la Iglesia como actor con opinions y participación política?” Julieta Lemaitre, “La Iglesia Católica es un actor político ilegítimo en materia de sexualidad y reproducción… Respuesta a Juan Marco Vaggione” (manuscrito sin publicar en poder de la autora). Así mismo puede verse el trabajo de Guillermo Nugent, “El Orden Tutelar: para entender el conflicto entre sexualidad y políticas públicas en América Latina” en ibid, pp. 6-36. Mala Htun, es más, ha argumentado que la liberalización de la legislación sobre igualdad sexual y derechos reproductivos está más fuertemente relacionada con el papel dela Iglesia Católica en cada país que con las características de sus sistemas politicos en terminus de su carácter democrático o dictatorial. Véase Mala Htun, Sex and the State: Abortion, Divorce, and the Family under Latin American Dictatorships and Democracies, Cambridge, Cambridge University Press, 2003.

Nowadays, not only the word globalization has become common-place but this very observation has turned trivial in the academy and the media. These facts do not exempt us from the duty of defining the concept when we speak about globalization, regulation and consumer law. For the purposes of this paper one might define globalization in a provisory and preliminary manner as a process of an economic and political nature characterized by the following features: a) the expansion of international commerce and development of a global market based on a post-fordist (or post-industrial) production structure; b) the increasing homogeneity of cultural standards and standards of consumption; c) the weakening of the idea of Nation State for the benefit of economic agents of the new global market; d) development of commercial blocs.

An important factor in the transformations of sexuality in contemporary society was, no doubt, the possibilities for contraception created in the second half of last century.1 They promoted a dissociation between sex and reproduction, allowing a new space for sexual pleasure in people´s life, disconnected from concerns about reproductive and family bounds. “This change led to the possibility of seeing homosexual relationships in new ways – that have been stigmatized, partly because of its unfertility. If heterosexual relationships for their own sake (i.e., without the finality of reproduction) were accepted, why not relationships between people of the same sex?”[1] 1 “The plastic sexuality is a decentralized sexuality, free of reproduction need. Its origins is the trend, that begun in the end of eighteenth century , to the limitation of the family but develops later as a result of the diffusion of new contraceptive technologies” GIDDENS, Anthony. A transformação da intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas sociedades modernas. São Paulo: Unesp, 1993, p. 10. [1] LOPES, José Reinaldo de Lima.Liberdade e direitos sexuais – o problema a partir da moral moderna. In RIOS, Roger Raupp. Em defesa dos direitos sexuais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 56.

The objective of this paper is to lay out some of the debates yet to be resolved surrounding the sexual rights of individuals during childhood and adolescence. This category of rights is one of the domains in which the shortcomings of current regulations designed to protect certain rights of minors and also the absence of a theoretical foundation for human rights for those phases of life are clearly manifested. The lack of a deep discussion on the rights of boys and girls becomes evident when the attempt is made to define sexual and reproductive rights, since while entitlement is sought in some respects – especially for certain reproductive rights for adolescents such as access to contraception – in other respects a continuing effort is made to justify limiting access for the same age group to related rights, the right to contract marriage being one example.[1] [1] In some documents, certain reproductive rights for adolescents are recognized while simultaneously governments are advised to take measures to prevent early marriages and the right to determine a child’s sexual education is also left to the parents, without any explanation of how these discrepancies which can conflict are justified or reconciled. The result is the fundamental characteristic of the legal framework for children’s rights: discretionality.

Uma das análises mais conhecidas do problema ambiental é a discussão das externalidades, como uma falha de mercado, e as soluções que podem ser oferecidas pelas políticas públicas e pela lei para solucioná-las. A clássica discussão das idéias opostas de Pigou e Coase foram renovadas atualmente nas discussões das opções entre medidas de comando e controle, taxação de emissões e promoção da redução da poluição através de um sistema de comércio de redução de emissões de carbono, relacionadas às mudanças climáticas. De forma geral, pode-se afirmar sugerir o modelo pigouviano a taxação das atividades poluidoras. Coase criticou essa abordagem dos economistas posteriores a Pigou, que aceitaram as assim chamadas “taxas pigouvianas” como solução indiscutível para essa falha de mercado. As possibilidades de transação sobre os custos sociais foram o objeto discutido no seu “The problem of social cost”. Portanto, o aspecto principal do debate na área ambiental é se o mercado pode levar à consecução dos objetivos da proteção ambiental ao invés ou conjuntamente com um sistema de taxação das atividades poluidoras.