• Minorities in search of privileges: When toleration of protests threatens democracy

      Zegarra Mulanovich, Gonzalo (2004-01-01)
      This panel will address the relationship between a democratic regime and protest movements. Lately, the political scenario of many Latin American countries is highly determined by these movements. Basically, the question is whether these protests are compatible with a democratic government or not; and more particularly, since they are beyond the limits of legality, whether they can be justified arguing that existent democratic institutions are not a proper channel to satisfy the protesting groups' interests.
    • Justice and Experimentalism: The Judiciary’s Remedial Function in Public Interest Litigation in Argentina

      Bergallo, Paola (2005-01-01)
      Since the 1994 constitutional reform, a group of lawyers, public defenders and societal organizations have turned to the courts in search of new spaces for participation in the pursuit of social change. To this end, they have increasingly promoted public interest litigation,[1]defined as a judicial claim in the form of an individual or collective lawsuit that seeks the structural transformation of state institutions to promote the respect of rights and democratic values established in the Constitution [1] En Argentina es usual referirse a esta nueva estrategia como litigio de “derecho de interés público.” En este trabajo, sin embargo, he preferido utilizar la expresión “litigio de derecho público” para acotar la discusión a la variante del litigio de impacto frente a instituciones de la administración pública con las características descriptas en el clásico trabajo de Abram Chayes, “The Role of the Judge in Public Law Litigation,” 89 Harvard Law Review 1281 (1976). La definición y el alcance de la práctica de litigio de interés público han sido objeto de varias discusiones prácticas y teóricas. Véase por ejemplo, Volúmenes 7, 8, y 9 de los Cuadernos de Análisis Jurídico de la Universidad Diego Portales (1998, 1999, 2000); Martín Bohmer, “Sobre la Inexistencia del Derecho de Interés Público en la Argentina,” Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, V. 3:1 (1997); Mary McClymont & Stephen Golub (ed.), Many Roads to Justice, The Ford Foundation, 2000; o Mark Ungar, Elusive Reform: Democracy and the Rule of Law in Latin America, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2002. Sobre la producción más reciente, véanse las publicaciones en Conecta Sur, disponibles en http://www.conectasur.org/es/item3a.php.
    • El Coronel sí tiene quien le escriba: la tutela por mínimo vital en Colombia

      Lemaitre, Julieta (2005-01-01)
      Todas las mañanas el protagonista del El Coronel No Tiene Quien le Escriba va al puerto de su pueblo a la espera de la llegada del correo, y todas las mañanas regresa a su casa confirmando una vez más que su pensión de jubilación militar no ha llegado. La espera interminable trae consigo la degradación cotidiana, el hambre y la desesperación hasta que al final de la historia sólo la remota posibilidad de que el único gallo fino que le queda gane una pelea se convertiría en su último recurso de subsistencia, más accesible que el recibo de la pensión. En la última escena la esposa del Coronel, resignada a la espera del día de la pelea, le pregunta, “Y, mientras tanto, ¿qué vamos a comer?”[1] [1] El Coronel le responde: Mierda. Gabriel García Márquez, El Coronel no tiene quien le escriba, Editorial Norma, Bogotá, 1991.
    • "No me des el pescado, enséñame a pescar"

      Morales-Cruz, Myrta (2005-01-01)
      La Ley Núm. 232 de 27 de agosto de 2004 tiene un significado especial para las personas que residen en algunas de las comunidades más pobres de Puerto Rico. Dicha ley es el resultado del gran esfuerzo realizado durante el periodo de un año y medio por líderes de algunas de estas comunidades y mis estudiantes de la sección de desarrollo comunitario de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. La historia de la Ley Núm. 232 puede servir como un ejemplo de la función que los abogados y las abogadas pueden desempeñar en la lucha contra la pobreza. Para entender la historia de esta ley puertorriqueña, debemos comenzar nuestra narración en agosto del año 2002. En ese mes, la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico inauguró una sección de desarrollo comunitario.
    • Compulsory Licensing and Access to Medicine in Developing Countries

      do Amaral, Alberto (2005-01-01)
      According to the data compiled by the UN Millennium Development Goals Project, 40 million people are infected by the AIDS virus in developing countries, with 26.6 million on the African continent. About 93% of those infected with the AIDS virus cannot afford to buy the anti-retroviral medication which they need (1). The Joint Program of the United Nations on AIDS believed that unequal access to treatment at acceptable prices is one of the main reasons for the low levels of survival in poor nations.
    • Justicia y experimentalismo: la función remedial del poder judicial en el litigio de derecho público en Argentina

      Bergallo, Paola (2005-01-01)
      A partir de la reforma constitucional de 1994, un conjunto de abogados, defensores públicos y organizaciones de la sociedad civil han recurrido a los tribunales en búsqueda de nuevos espacios de participación en la persecución de cambios sociales. Para ello, han promovido de forma creciente el litigio de derecho público,[1] definido como el reclamo judicial en la forma de acciones individuales o colectivas que buscan la transformación estructural de instituciones del Estado en pos del respeto de derechos y valores democráticos consagrados en la Constitución. [1] En Argentina es usual referirse a esta nueva estrategia como litigio de “derecho de interés público.” En este trabajo, sin embargo, he preferido utilizar la expresión “litigio de derecho público” para acotar la discusión a la variante del litigio de impacto frente a instituciones de la administración pública con las características descriptas en el clásico trabajo de Abram Chayes, “The Role of the Judge in Public Law Litigation,” 89 Harvard Law Review 1281 (1976). La definición y el alcance de la práctica de litigio de interés público han sido objeto de varias discusiones prácticas y teóricas. Véase por ejemplo, Volúmenes 7, 8, y 9 de los Cuadernos de Análisis Jurídico de la Universidad Diego Portales (1998, 1999, 2000); Martín Bohmer, “Sobre la Inexistencia del Derecho de Interés Público en la Argentina,” Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, V. 3:1 (1997); Mary McClymont & Stephen Golub (ed.), Many Roads to Justice, The Ford Foundation, 2000; o Mark Ungar, Elusive Reform: Democracy and the Rule of Law in Latin America, Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2002. Sobre la producción más reciente, véanse las publicaciones en Conecta Sur, disponibles en http://www.conectasur.org/es/item3a.php.
    • Someone Writes to the Colonel: Judicial Protection of the Right to Survival in Colombia and the State’s Duty to Rescue

      Lemaitre, Julieta (2005-01-01)
      Every Friday for twenty-seven years the protagonist of No One Writes to the Colonel goes to the Post Office in the hope that his pension check might have finally arrived – to no avail. With this never ending wait come daily degradation, hunger and despair, until the end of the story where the remote possibility that his dead son’s game-cock will win next Sunday’s fight is his only chance of survival. In the last scene, the Colonel’s ailing wife, who has resigned herself to wait until that day, asks him, “In the meantime, what will we eat?” And the Colonel answers: “Shit.”[1] In 1992 Colombia’s new Constitutional Court decided a similar case. The plaintiff was a 69 year old man who after a year had not received response to his pension request from Cajanal, the National Pension Fund. He had lost his house, unable to pay rent, and was at the time living with a son who hardly had the means to support him. He had no resources, and required an urgent medical intervention to save his eyesight, but could not access medical benefits without the recognition of his status as a pensioner.[2] His chances of winning against Cajanal before the Constitutional Court were as slim as the Colonel’s cock of winning the fight, since he was asking for a writ of protection for a fundamental right that did not exist in the Constitution: the right to survive. Against all odds, he won the case. The Court accepted his claim, and decided there was in the Constitution an implicit right to survival that derived from Constitutional doctrine on human dignity: the right to mínimo vital, an existential minimum (henceforth: right to survival). [1] Gabriel García Márquez, El Coronel no tiene quien le escriba, Editorial Norma, Bogotá, 1991. [2] Colombia, Constitutional Court T-426 de 1992.
    • Democracia sin Presidentes

      Alegre, Marcelo (2006-01-01)
      La crítica frontal al presidencialismo está perdiendo espacio en América Latina. En este trabajo expreso mi queja por este silencio. Durante un tiempo creí que tal vez había que abandonar la propuesta de parlamentarización de los sistemas políticos latinoamericanos. Pero un análisis somero de algunos desarrollos recientes de la ciencia política y el derecho constitucional ha reforzado mi convicción acerca del carácter negativo del presidencialismo.
    • EL PERRO DEL HORTELANO: DEFINIENDO EL ROL EMPRESARIAL DEL ESTADO EN LATINOAMÉRICA

      Patrón, Carlos (2006-01-01)
      Las fuentes de agua fresca son abundantes en el Perú, sin embargo los peruanos tienen el segundo nivel de acceso más bajo a agua potable y desagüe en Sudamérica. Sólo el 72 por ciento de los hogares tienen acceso a agua potable por cañería (pero no se atreven a tomarla del grifo) y sólo el 51 por ciento tiene acceso a alcantarillados. De acuerdo a estimaciones gubernamentales, el 40 por ciento del total de agua distribuida no es facturada debido a pérdidas y conexiones informales.[1] Las estimaciones actuales proyectan que el Perú requiere invertir US$4.6 mil millones en infraestructura sólo para alcanzar los niveles de agua por tubería y alcantarillado de Colombia y Chile.[2] Los opositores a la privatización del sistema estatal de agua y desagüe (principalmente los sindicatos de las empresas estatales y defensores de consumidores de clase media con acceso a agua potable y alcantarillados) sostienen que el agua es un derecho humano, no un “commodity”. [1] Ver Private Investment In Peru's Water Industry, The Economist (16 de febrero de 2006), pp. 36-38. [2] Estimaciones del Instituto Peruano de Economía.
    • LA GLOBALIZACION Y LA TRANSFORMACION DEL PODER EJECUTIVO ARGENTINO

      Saldivia, Laura (2006-01-01)
      Dos factores fundamentales han forzado a una redefinición de los límites y la sustancia de la soberanía y rol del poder político en los últimos quince años: 1) el creciente poder de los regímenes jurídicos internacionales vinculados a los derechos humanos y 2) la mundialización de la economía. Estos factores no sólo imprimieron una nueva dinámica al modo de concebir la autoridad y función del Estado, sino que además contribuyeron a consolidar un nuevo campo de acción cívica internacional conformado tanto por el mundo de los negocios como por el de las ONGs.
    • THE DOG IN THE MANGER: DEFINING THE STATE'S ENTREPRENEURIAL ROLE IN LATIN AMERICA

      Patrón, Carlos (2006-01-01)
      Peruvian sources of fresh water supply are abundant, yet Peruvians have the second lowest level of access to piped water and sewerage in South America. Only 72 percent of households have piped water (but don’t dare to drink it from the faucet) and only 51 percent have access to sewerage. According to government figures, 40 percent of piped water is not billed because of leaks and unauthorized connections.[1] Current estimates project that Peru needs to invest US$4.6 billion in infrastructure just to reach the levels of piped water and sewage of Colombia and Chile.[2] Opposers to the privatization of the state-owned Peruvian water and sewage system (mainly the government enterprises’ labor unions and advocates for middle class consumers with access to piped water and sewerage) argue that water is a human right, not a commodity. Meanwhile, per each cubic meter of water that is delivered by tanker-trucks, the less fortunate (about ten million of them) pay roughly ten times the amount charged by government enterprises to piped water users, as dengue-fever (a tropical disease) outbreaks have become common in the lower-income settlements located in the desert areas outside of Lima due to lack of sewerage. [1] See Private Investment In Peru's Water Industry, The Economist (February 16th, 2006), at 36-38. [2] Estimates by the Instituto Peruano de Economía.
    • Distrust and Disobedience: Discourse and Practice of Law in México

      Perez Correa, Catalina (2007-01-01)
      In August, 2002, the Mexican Ministry of the Interior (SEGOB), together with the Fundación Este Pais, published the results of a national survey aimed at evaluating the culture and political practices of Mexicans.[1] According to the survey, 45% of the surveyed expressed the belief that neither the citizens nor the authorities respected the law. Moreover, 71% of the surveyed replied “no” to the question “Do you believe that the people should obey the laws, even if they are unjust? To another question, 58% answered affirmatively to the question “Do you believe that the people can disobey a law if it is unjust? [2] Four years after the publication of this survey, the presidential candidate of the leftist coalition “Por el Bien de Todos” (For the Good of All) in the 2006 elections, Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO), was sworn in as the “Legitimate President of Mexico” in downtown Mexico City.[3] In this act, Lopez Obrador and his followers called for the formation of a parallel government to shadow that of Felipe Calderon who was sworn in as President on December 1, 2006 following an extremely difficult and widely questioned electoral process. [1] Conociendo a los Ciudadanos Mexicanos: Principales Resultados de la Encuesta nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, Este País magazine, 2-30, 137, August, 2002. [2]Id. [3] This occurred following a sit-in, termed by the coalition as the permanent assembly (asamblea permanente), that lasted over 40 days during which AMLO´s (Andres Manuel Lopez Obrador) followers blocked, with buses and tents, the Zocalo of Mexico City, the adjacent main streets (Madero, Juarez) and Reforma Avenue, one of the main avenues in the city, to pressure the Electoral Tribunal to order the opening of all the urns and a recount of the ballots emitted during the 2 of July election. “Vote by Vote” was the slogan of the protesters during this period. For further information on the 2006 elections and the post-electoral conflict, see Alejandra Lajous, Confrontación de Agravios: la Postelección de 2006, 2007.
    • Desconfianza y Desobediencia: Discurso y Práctica del Derecho en México

      Perez Correa, Catalina (2007-01-01)
      En agosto del 2002, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), junto con la Fundación Este País, publicó los resultados de una encuesta nacional que buscaba evaluar la cultura y prácticas políticas de los mexicanos.[1] De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 45% de los encuestados afirmaron creer que ni los ciudadanos ni las autoridades respetaban la ley; el 71% de los encuestados respondió “no” a la pregunta: “¿Cree usted que el pueblo debe obedecer siempre las leyes aunque sean injustas?”; y el 58% de los encuestados contesto “sí” a la pregunta: “¿Cree usted que el pueblo puede desobedecer una ley si ésta es injusta?”[2] Cuatro años después de la publicación de esta encuesta, el candidato a Presidente por la izquierdista Coalición “Por el Bien de Todos” para las elecciones federales del 2006, Andrés Manuel López Obrador, tomo protesta como “Presidente Legítimo de México” en la capital del país.[3]En este acto, López Obrador y sus seguidores, llamaron a la formación de un gobierno paralelo que repudiara al nuevo gobierno de Felipe Calderón, quien tomaría posesión el 1ero de diciembre del 2006 tras un proceso electoral sumamente difícil y ampliamente cuestionado. [1] Conociendo a los Ciudadanos Mexicanos: Principales Resultados de la Encuesta nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, Revista Este País, 2-30, 137, agosto 2002. Esta fue la primera de tres encuestas que realizó la Secretaría de Gobernación, México. Uso en este texto las tres encuestas. [2] Id. [3] La “toma de protesta” culminó una serie de acciones post electorales que incluyeron un plantón (“Asamblea Permanente” en las palabras de los participantes) que duró más de 40 días y durante el cual partidarios de López Obrador tomaron, con autobuses y tiendas de campaña, el Zocalo de la Ciudad de México, las calles principales del Centro Histórico (Madero y Juárez) y la avenida Paseo de la Reforma, una de las principales de la ciudad; para presionar al Tribunal Electoral a que ordenara la apertura de todas las urnas y se recontaran todas las boletas emitidas el 2 de Julio. “Voto por voto” era el lema de los manifestantes durante ese tiempo; posteriormente, el 16 de Septiembre en el aniversario de la Independencia nacional, los simpatizantes de López Obrador celebraron una “Convención Nacional Democrática” con cientos de miles de delegados que decidieron, por aclamación, que López Obrador debía de ser ungido “Presidente Legítimo” en el aniversario de la Revolución de 1910. Para más información sobre el día de las elecciones y las movilizaciones post-electorales del 2006 ver Alejandra Lajous, Confrontación de Agravios: la Postelección de 2006, 2007.
    • O que está por trás do sentido atribuído à propriedade?

      Barcellos, Ana Paula (2008-01-01)
      O presente artigo pretende discutir três idéias sobre o tema da propriedade. Em primeiro lugar, se vai demonstrar que o sentido e o alcance do conceito de propriedade são construídos social e historicamente e que desempenham um papel importante nessa construção determinadas concepções filosóficas e éticas dominantes em dada sociedade. O que se pretende sustentar é que a definição (i) do que pode ser apropriado privadamente por quem quer que seja (isto é: a questão dos objetos sobre os quais a propriedade pode recair); e (ii) dos direitos que a propriedade confere a seu titular (isto é: o que ele pode fazer de sua propriedade e o que ele pode impedir que outros façam com ela) variou no tempo e varia no espaço. Essa variação decorre de uma série de elementos, especialmente de ordem filosófica e ética.
    • A REGULAMENTAÇAO DA PROPRIEDADE NO SETOR DE GAS NATURAL NA BOLIVIA: IMPACTOS PARA O DESENVOLVIMENTO?

      Corrêa, André; Ratton Sanchez, Michelle (2008-01-01)
      A situação política na Bolívia sempre foi conhecida pelos especialistas por sua instabilidade[1]. Embora o início das tratativas entre Bolívia e Brasil para a importação do gás boliviano tenha ocorrido num período de maior estabilidade (1990-1996), a história política da Bolívia regularmente apresentou períodos de instabilidade. O tema ganhou a opinião pública no Brasil e na região (América do Sul) quando Evo Morales assumiu a presidência e, ainda com mais força, quando editado o Decreto n. 28.701, de 1º de maio de 2006, para a “nacionalização” do setor de gás natural. A “nacionalização” trouxe uma nova instabilidade nas relações políticas da região, na medida em que interferiu na forma de organização da cadeia econômica para o setor de gás natural na Bolívia e nas condições para a prestação de um bem essencial – energia – aos setores da economia e à população no Brasil, em especial. A questão tem polarizado as opiniões, tanto entre os especialistas quanto na opinião pública. Algumas análises, por exemplo, identificam a instabilidade como um reflexo da carência e da fragilidade dos marcos regulatórios – tanto no âmbito interno de cada um dos Estados como também na conformação de suas relações[2]. O objetivo deste artigo é expor como os elementos jurídico-institucionais entre Bolívia, Brasil, YPFB e Petrobras se formaram e evoluíram, com vistas a testar aquele argumento, no caso dos investimentos da Petrobras na Bolívia e seus impactos para a relação deste país com o Brasil. [1] Cf. ANDRADE, Everaldo de Oliveira. A revolução boliviana, Coleção Revoluções do Século XX, COSTA, Emilia Viotti da. São Paulo: Editora Unesp, 2007. No período entre 2001 e 2006, por exemplo, alternaram-se mais de cinco presidentes no poder: Jorge Quiroga Ramírez (2001-2002); Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003); Carlos Mesa Gisbert (2003-2005); Eduardo Rodríguez Veltzé (2005); Evo Morales Ayma. [2] PINHEIRO, Letícia. Traídos pelo desejo: um ensaio sobre a teoria e a prática da política externa brasileira contemporânea, Contexto internacional, Rio de Janeiro, v. 22, n. 2., jul/dez, pp. 305-35, p. 325. Kozulj, Roberto. La industria del gas natural en América del Sur: situatión y posibilidades de la integración de mercados. Santiago, CEPAL, División de Recursos Naturales e Infraestrutura, dez. 2004. Este último autor advoga inclusive que uma autoridade supranacional deveria ser criada para dirimir os possíveis conflitos na relação entre as regulamentações e autoridades nacionais (pp. 70 e segs).
    • O Papel dos mercados e dos direitos de propriedade na proteção ambiental

      Oliveira Nusdeo, Ana Maria (2008-01-01)
      Uma das análises mais conhecidas do problema ambiental é a discussão das externalidades, como uma falha de mercado, e as soluções que podem ser oferecidas pelas políticas públicas e pela lei para solucioná-las. A clássica discussão das idéias opostas de Pigou e Coase foram renovadas atualmente nas discussões das opções entre medidas de comando e controle, taxação de emissões e promoção da redução da poluição através de um sistema de comércio de redução de emissões de carbono, relacionadas às mudanças climáticas. De forma geral, pode-se afirmar sugerir o modelo pigouviano a taxação das atividades poluidoras. Coase criticou essa abordagem dos economistas posteriores a Pigou, que aceitaram as assim chamadas “taxas pigouvianas” como solução indiscutível para essa falha de mercado. As possibilidades de transação sobre os custos sociais foram o objeto discutido no seu “The problem of social cost”. Portanto, o aspecto principal do debate na área ambiental é se o mercado pode levar à consecução dos objetivos da proteção ambiental ao invés ou conjuntamente com um sistema de taxação das atividades poluidoras.
    • EL CUERPO HUMANO COMO PROPIEDAD Y EL PROBLEMA DE LOS DAÑOS

      Grosman, Lucas (2008-01-01)
      Supongamos que el Gobierno de la Ciudadde Buenos Aires planea construir una autopista que permita que sus habitantes se desplacen más rápidamente por esta congestionada urbe. Para que la obra sea posible, el Gobierno debe expropiar y demoler numerosas viviendas. Como es sabido, el poder expropiatorio significa que, en procura de la utilidad pública, el Gobierno puede privar a los individuos de su propiedad contra su voluntad. Recurriendo a la terminología acuñada por Calabresi y Melamed,[1] frente al poder expropiatorio, el derecho de propiedad de los dueños de esas viviendas no está protegido por una regla de propiedad, sino por una regla de responsabilidad: el Gobierno tiene derecho a “comprar” compulsivamente ese derecho a cambio de una indemnización. [1] Véase“Property Rules, Liability Rules and Inalienability. A View of the Cathedral”, Harvard Law Review, vol. 85, 1972, pp. 1089-1128.
    • Los aportes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la configuración del derecho de propiedad colectiva de los miembros de comunidades y pueblos indígenas

      Toro Huerta, Mauricio Iván (2008-01-01)
      La cuestión relativa a los alcances de los derechos de las personas pertenecientes a pueblos indígenas, y de los pueblos mismos, sigue siendo un debate inacabado. En su perspectiva teórica no existe consenso respecto de la naturaleza y alcance de tales derechos, y hay diferencias notables entre posiciones denominadas liberales y comunitarias, entre multiculturalismos liberales e interculturalismos moderados o radicales. En el ámbito internacional no hay un estándar común que permita definir con claridad cuáles son los derechos de los pueblos indígenas.[1] La reciente adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas por la Asamblea General, constituye un aporte significativo a la construcción de tales estándares y responde al reconocimiento por parte de la comunidad internacional de una realidad injusta y de una necesidad apremiante por resolver situaciones de desigualdad que privan día con día de los derechos y las condiciones mínimas de existencia a millones de personas pertenecientes a pueblos indígenas. En este sentido, la Declaración llama la atención sobre diferentes aspectos relacionados con el derecho de propiedad de los pueblos indígenas, particularmente de su derecho a la tierra (arts. 25-30), del derecho a su patrimonio cultural y propiedad intelectual (art. 31) y del desarrollo o utilización de sus territorios y otros recursos (art. 32).[2] [1] El Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes dela Organización Internacional del Trabajo (OIT) es el único instrumento internacional vinculante que establece algunos estándares internacionales. El Convenio No.169 ha sido ratificado por 19 Estados: Argentina; Bolivia; Brasil; Colombia; Costa Rica; Dinamarca; Dominica; Ecuador; España; Fiji; Guatemala; Honduras; México; Nepal; Noruega; Países Bajos; Paraguay; Perú, y República Bolivariana de Venezuela. El Convenio No. 169 revisó el anterior Convenio No. 107 sobre el mismo tema. [2] Res. 61/295 de 13 de septiembre de 2007 (143 votos a favor, 4 en contra –Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia– y 11 abstenciones).La Declaración fue adoptada como un “ideal común que debe perseguirse en un espíritu de solidaridad y respeto mutuo”, y los derechos en ella reconocidos “constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo” (art. 43).
    • IS INTELLECTUAL PROPERTY THEFT?

      Bullard, Alfredo (2008-01-01)
      Marx said that private property is theft. In the Marxist vision of reality, to own something is to have stolen it from someone. Today few subscribe to this belief. We know that property is a central institution for market development and for the operation of any reasonably structured economy. Another truism arises from the simple application of this idea to the concept of intellectual property (hereinafter “IP”): IP is equally useful to the operation of the economic system as is the private ownership of tangible goods. If the Marxist belief that private property is theft turned out to be false, so is the belief that IP is theft. But this conclusion is not as simple as it might seem. The conceptual foundation that justifies the existence of exclusive title over tangible goods does not translate to the existence of exclusive title over ideas. In fact, it is questionable whether IP should even be considered property. Its foundations are, in most cases, very doubtful, and its existence, in every case, justifies a serious limitation on the reach that it is currently granted. In this sense, perhaps, Marx’s phrase might have had a longer and happier life if he had limited himself to stating that IP was theft.
    • The Body as Property and the Problem of Damages

      Grosman, Lucas (2008-01-01)
      Suppose the City of Buenos Airesplans to build a highway to allow us to travel faster within this congested metropolis. For this to be possible, the government must expropriate and knock down a number of houses. As we all know, eminent domain means that, in pursuit of a public purpose, government can take people’s property against their will. To use the terminology coined by Calabresi y Melamed,[1] in the face of eminent domain, the right to property of the owners of these houses is not protected by a property rule but by a liability rule: government has the power to buy this right compulsively in exchange for compensation. [1] See “Property Rules, Liability Rules and Inalienability. A View of the Cathedral,” 85 Harv. L. Rev. 1089-1128 (1972).